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Análisis

Una reforma tributaria que es inminente e impostergable

El comité colombiano de la Regla Fiscal, un grupo asesor del Ministerio de Hacienda del gobierno colombiano, ha expresado a los medios de comunicación que la reforma tributaria que había indicado el presidente Duque que iba a presentar este mes de marzo de 2021 en el Congreso de la República es impostergable dadas las necesidades fiscales del país.

Como consecuencia de la pandemia del Covid19, el gobierno no solo dejó de recibir más tributos por cuenta de una menor actividad económica en el país, sino que se incurrieron en mayores gastos para hacer frente a la misma pandemia. Esto ha llevado a que el déficit fiscal del gobierno colombiano sea de cerca del 8% del PIB y se prevé que para finales del 2021 alcance el 8.9% del PIB como consecuencia de varios gastos que habían sido postergados en el 2020, según comentarios de este comité al diario colombiano Portafolio.

La regla fiscal, un mecanismo usado por el gobierno colombiano y el Ministerio de Hacienda para mantener las finanzas nacionales dentro de un margen de gasto y endeudamiento saludable, que le permita al país tener la confianza de los inversores internacionales y de las agencias calificadoras de riesgo, había sido suspendida en medio de la pandemia, lo cual le ha permitido al gobierno tener flexibilidad para enfrentar la actual coyuntura. Sin embargo, al desestimar la regla fiscal dentro de la pandemia, el déficit público del gobierno colombiano ha aumentado de manera sustancial, algo que lleva a tener que pensar en cómo se sanearán las finanzas públicas mientras el país se recupera de los impactos económicos negativos presentados durante el 2020 y cómo se recauda el dinero necesario para poder cumplir con los respectivos gastos gubernamentales en materia social, de infraestructura, educación, salud, y demás.

Con un mayor déficit fiscal, la única salida para sanear las finanzas públicas parece ser una reforma tributaria, aunque economistas como Martin Jaramillo, columnista también del diario El Espectador, han expresado que no es necesaria una reforma tributaria sino una reforma fiscal, lo que implicaría una reducción sustancial del gasto público y una mejora en la eficiencia de los gastos que todavía se realicen después de los recortes. Así Jaramillo plantea:

“Si logramos que el gasto sea productivo, podemos traer la Tijera (sí, con T mayúscula) y recortar todos los gastos corrientes de agencias, programas y rubros de bajo impacto para redirigirlos a inversión en infraestructura.

Una vez pase la pandemia y se liberen los recursos de los proyectos que culminaron, se debe mantener esa austeridad y usar esa plata para pagar la deuda que estamos acumulando en estos momentos. Para lograrlo, se requiere hacer una “reforma fiscal”, es decir, modificar la forma en la que gastamos.”

En este sentido, Jaramillo no propone que el estado incremente los impuestos que le cobra a los ciudadanos sino que redireccione su gasto de una forma más eficiente, por ejemplo de agencias burocráticas y entidades de asesoría y demás y llevar ese gasto a infraestructura, lo cual dinamizaría la actividad económica y le permitiría al estado recaudar más impuestos una vez la economía se haya recuperado.

Sin embargo, pese a lo que economistas como Jaramillo han planteado, la realidad es que tanto en los medios de comunicación como por parte de las agencias calificadoras de riesgo lo que se prevé es una reforma tributaria, ya que parece que puede que no sea suficiente con redireccionar el gasto público desde sectores con bajo impacto a actividades que estimulen la demanda agregada de una forma decidida. El problema con esto es que la reforma tributaria podría hacer más daño que bien, ya que se podría subir los impuestos a los productos de la canasta familiar que aún no pagan un IVA completo o que no pagan IVA del todo. La propuesta de la extensión del IVA a los productos restantes de la canasta familiar es algo que ya se ha venido planteando, aunque esta propuesta parece no gozar de mucha popularidad ni dentro de la coalición de gobierno ni entre los políticos de la posición. El problema con la extensión del IVA y de impuestos adicionales a la clase media es que desincentivaría el consumo y retrasaría la tan esperada recuperación económica, por lo cual desde múltiples sectores se le está pidiendo al gobierno nacional que explore otras opciones de financiamiento o que en dado caso de que se coloquen impuestos adicionales a la clase media, se establezcan los mecanismos de compensación para que la afectación al bolsillo de los colombianos sea mínima.

La agencia calificadora de riesgo Moody’s señaló respecto a las perspectivas de reforma tributaria lo siguiente:  “esperamos que las autoridades anuncien medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público para abordar la rigidez de la estructura del gasto del gobierno y potencialmente revisar la regla fiscal”. Lo que parece indicar que las agencias esperan una mayor eficiencia en el gasto público antes que mayores ingresos tributarios, aunque el gobierno mismo ya ha indicado que espera obtener un mayor recaudo de impuestos como porcentaje del PIB, concretamente el gobierno colombiano está esperando recaudar un 1.5% del PIB adicional a lo que ya se viene recaudando, según lo ha manifestado a los medios de comunicación el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Aunque ya de entrada podemos esperar que esta reforma tributaria será un hecho, lo que también podemos advertir de momento es que aún no hay total claridad sobre cual será la propuesta del gobierno. Lo que sí es claro es que sea cual sea la propuesta, de una forma u otra el gobierno colombiano está decidido a recaudar más impuestos como salida a la crisis y para enfrentar el actual déficit fiscal. Cuando se lleve la propuesta al Congreso, el gobierno deberá ser capaz de mantener un equilibrio que le permita sostener el gasto público en inversiones esenciales para dinamizar la economía como la infraestructura, reducir el déficit fiscal y no ahogar a la clase media con mayores impuestos que limiten su capacidad de consumo y mejorar sus niveles de vida. La falta de claridad sobre estos elementos es lo que mantiene a las agencias calificadoras de riesgo en espera, aún sin tomar una decisión sobre la calificación de la deuda colombiana, un indicador que es clave para que el país pueda pedir prestado dinero a nivel internacional a tasas razonables.

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