Uno de los fenómenos que más recientemente se ha estudiado en el campo de la economía y que mayores dificultades ha presentado para los modelos económicos tradicionales es la idea de externalidad económica.
Las externalidades pueden ser negativas o positivas. Esto significa que las acciones las empresas o de las organizaciones, como el estado, pueden tener costos o beneficios para terceros sin que ellos hayan participado en modo alguno en el proceso por medio del cual surgieron las externalidades.
Un ejemplo de las externalidades son los costos para la salud y el medio ambiente derivados de la lucha contra las drogas, en concreto de la aplicación del glifosato con el objetivo de erradicar los cultivos ilícitos. La aplicación del glifosato presenta muchos problemas, no solo por los costos inmediatos para la salud, sino de otros costos implícitos que muchas veces no se ven a largo plazo, como por ejemplo la pérdida de salud y oportunidades económicas, así como de las potencialidades para las generaciones jóvenes en las zonas donde se aplica este herbicida.
El glifosato es un producto de la compañía multinacional Monsanto, hoy Bayer, y en países como Estados Unidos y los de la Unión Europea, su aplicación ha estado sujeta a muchas controversias, especialmente después de varios casos de cáncer por los que se ha demandado a la compañía. En el 2018, un jardinero estadounidense ganó una demanda millonaria ( cerca de 300 millones de dólares) contra Monsanto por haber sufrido un cáncer por cuenta de la aplicación del glifosato bajos sus marcas comerciales de RoundUp y Ranger Pro.
Aún así y contra toda advertencia ( La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el glifosato puede causar cáncer), el gobierno colombiano ha decidido por decreto presidencial reiniciar las fumigaciones con este herbicida en las áreas donde se encuentren cultivos ilícitos. Cabe destacar que quienes cultivan la mata de coca, amapola y otras usadas en la fabricación de estupefacientes, no son los narcotraficantes, sino campesinos con pequeñas parcelas a los que las organizaciones criminales les compran la materia prima para luego llevar a cabo el proceso de fabricación.
Así, este lunes que pasó, el 13 de abril de 2021, Iván Duque firmó el decreto que autoriza el regreso de la fumigación con el herbicida. Durante mucho tiempo, el partido de gobierno, el Centro Democrático, había esperado esta medida, la cual consideran como vital en la lucha contra las drogas, una lucha que por cierto ya lleva más de cuatro décadas sin que parezca observarse un avance significativo.
En el decreto nacional hay algunos ajustes a la fumigación convencional con este herbicida, tratando de cumplir con el control de daños y de riesgos para la salud y el medio ambiente que había exigido la Corte Constitucional, sin embargo, muchas organizaciones sociales, ambientalistas y académicos han rechazado el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.
Duque ha insistido en que Colombia necesita todas las herramientas necesarias para combatir el flagelo del narcotráfico, y que por eso la fumigación con glifosato es una opción necesaria. Pese a esto, la sustitución de cultivos ilícitos podría ser una herramienta mucho más eficaz, así como la concesión de programas de educación rural de alta calidad en las zonas afectadas por el narcotráfico y amplios programas con presencia del estado para mejorar la salud y el control de la natalidad, así como para el desarrollo de microempresas agropecuarias, las cuales harían al narcotráfico mucho menos atractivo para las comunidades rurales al tiempo que se impulsa el desarrollo de las economías lícitas.
Sin embargo, el gobierno nacional ha demostrado poco interés en estas estrategias. Los sectores agrícolas largamente se han quejado del abandono del estado colombiano. El estado colombiano, si es que llega a estas zonas, lo hace solo con el poder de la fuerza pública. En consecuencia, las zonas rurales de Colombia carecen de una política integral para el desarrollo que realmente pueda abordar los problemas que aquejan al campo colombiano y que puedan superar de forma radical las condiciones de violencia y de desigualdad histórica que en allí se viven.
En este contexto, también es importante que más allá de la prohibición del uso del glifosato y se reevalúe la política de la lucha contra las drogas, la cual ha estado marcada por el prohibicionismo y las estrategias militares que impactan muy poco o nada el suministro global de este tipo de productos.
Por ahora, uno de los elementos que quedan claros, teniendo en cuenta las evaluaciones hechas por la OMS, así como los casos de cáncer por cuenta de las fumigaciones caseras con glifosato es que los costos asociados al uso de este herbicida notoriamente pueden superar el costo del herbicida mismo o del desarrollo de políticas alternativas. Esto además sin incluir las posibles demandas al estado por cuenta de el uso del herbicida, así como las afectaciones al medio ambiente, las cuales podrían hacer que otro tipo de cultivos, fauna y flora ya no pudieran sobrevivir o adaptarse de la misma manera en un entorno que ha sido constantemente fumigado.
En este sentido, el gobierno colombiano debe evaluar muy bien sin la forma en que interviene no solo asegura los derechos de los ciudadanos a la salud y a un ambiente limpio, sino también si es costo-efectiva. Inversiones en erradicación manual y sustitución de cultivos, así como incentivos para superar la pobreza rural, disminuyendo la tasa de nacimientos y asegurando que las nuevas generaciones puedan acceder a educación y empleos de calidad, podrían ser estrategias mucho más rentables, y no solo para el estado, sino para el conjunto de la sociedad.
De manera pues que una vez que se ha observado el contexto actual de la intervención en la lucha contra las drogas e importante evaluar que es lo que le conviene al conjunto de la sociedad, si es racional en términos económicos, y todo esto con base en la evidencia recolectada sobre el terreno. Ya tenemos evidencia por ejemplo de que la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos funciona y que además es costo-efectiva y no presenta externalidades para el medio ambiente y la salud. Si esta es la realidad, ¿Por que insistir de forma tan vehemente en lo que no funciona?.
