El gobierno de Colombia está en búsqueda de nuevos ingresos. Y es que la pandemia del coronavirus, con la lenta actividad económica que ha traído consigo y los gastos que han debido hacerse en materia social, así como en inversiones para el sector de la salud, han dejado un enorme déficit fiscal que debe cerrarse.
Uno de los enfoques que ha planteado la Comisión de expertos convocada por el Ministerio de Hacienda es ampliar la base gravable para los declarantes de renta, haciendo que más personas declaren este tributo cada año. Bajo la propuesta actual, las personas que devengan ingresos desde 2 millones de pesos anuales tendrían que pagar una tarifa del 2% anual.
Anteriormente algunos economistas, como el columnista de El Espectador Martin Jaramillo, habían planteado que no era necesaria una reforma tributaria y que sería suficiente con recortar gastos de entidades del ejecutivo consideradas inoficiosas o ineficientes. La realidad es que, el déficit fiscal que tiene el gobierno nacional está por cerca del 2% del PIB, lo que hace que sea imperativo para el país buscar nuevos recursos, y que estos sean lo suficientemente grandes para obtener un recaudo que se ajuste a esa realidad.
Reducir el déficit fiscal no es un capricho del gobierno nacional. Si bien algunos economistas plantearían que tener un déficit fiscal no es algo malo en sí mismo, toda vez que este sirva para financiar actividades que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo, lo cierto es que las agencias calificadoras y los inversores internacionales no ven con buenos ojos un déficit fiscal abultado. Así, aunque una economía puede tener parte de sus cuentas con saldo negativo, es importante cuidar que este saldo no sea tan grande, ya que puede llevar a que la deuda nacional sea insostenible, lo que a su vez incrementa los costos de endeudamiento a nivel internacional y hace de nuevo que la deuda se encuentre en un círculo vicioso al alza y cerca del impago.
Por otra parte, realizar un mayor recaudo de impuestos le permite al gobierno nacional asegurar los recursos necesarios para inversiones de interés social como la educación, la salud y la infraestructura. Una de las metas que también se está planteando el actual gobierno es la ampliación del denominado ingreso solidario (una especie de subsidio al desempleo inaugurado en medio de la pandemia que buscó aliviar la carga de las personas que se habían quedado sin ingresos) y la devolución del IVA para las familias más vulnerables, como un mecanismo para la reducción de la pobreza. Llevar a cabo todas estas inversiones de carácter social solo será posible con un mayor presupuesto y para eso es indispensable que la clase media pueda cooperar con más tributos.
Si bien las alzas en los impuestos sobre la renta que se han planteado no son exageradas, lo cierto es que pueden verse con cierto recelo por parte de diversos sectores políticos que las atacarán en el congreso, viendo en esta reforma un ataque contra la clase media. Lo que se evidencia, de acuerdo a la Comisión de expertos convocada por el gobierno nacional, es que en otras naciones de Latinoamérica, la clase media está contribuyendo con más recursos a las arcas del estado y esto en sí no ha supuesto un mayor traumatismo a nivel social ni político. Países como Brasil, México y Argentina tienen una base gravable más amplia para los impuestos sobre la renta y además las tarifas que tienen para las rentas más altas son mucho mayores en comparación con las que existen en Colombia para esas mismas rentas.
La comisión de expertos que asesora al gobierno nacional no solo recomendó ampliar la base gravable de las personas que pagan renta en el país e incrementar las tarifas de las rentas más altas, en correspondencia con lo que sucede en otros países de la OCDE, sino eliminar múltiples exenciones tributarias sobre la renta que hacen que algunas personas no paguen este impuesto y que otras incluso tengan un saldo a favor cuando hacen sus declaraciones. De la misma manera es importante que se graven las pensiones altas, así como que se logre la eliminación de exenciones de rentas laborales.
Un aspecto crítico sobre el que llama la atención la Comisión asesora de la reforma tributaria es el gran desbalance que existe entre el pago del impuesto de renta por parte de las empresas y los individuos. Actualmente las empresas están aportando el 80% de lo que se recauda a nivel nacional por renta, unos 51 billones de pesos, mientras que los individuos pagan 12.9 billones de pesos. Corregir este desbalance será vital para lograr una mayor equidad tributaria, así como para lograr recaudar los 17.1 billones de pesos que la nación deja de recibir cada año por cuenta de las exenciones tributarias sobre los impuestos a la renta, cerca del 1.6 % del PIB.
Actualmente el déficit público de Colombia se encuentra en el rango del 8.6% del PIB, mientras que la deuda pública es de más del 60% del PIB. Revertir esta tendencia es crucial para que el país pueda mantener el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras de riesgo y continuar accediendo a financiamiento a tasas sostenibles.
Aunque el tema de los impuestos sobre la renta es una parte crítica de la reforma tributaria que llevará el gobierno nacional al Congreso, lo cierto es que no será el único aspecto difícil que tenga que sortear la propuesta. Otros elementos como la ampliación del IVA a varios productos de la canasta familiar, así como la eliminación de exenciones tributarias, desde ya apuntan a recibir una fuerte oposición por parte de los legisladores.
Con información de Portafolio.