Las políticas del impuesto al valor agregado (IVA) son complicadas en muchos países, sin embargo, son especialmente complicadas en Colombia. La tasa estándar del IVA ahí es del 19%, una de las más altas de América Latina, pero la lista de exenciones, que incluye leche, huevos y visitas al médico, es larga. Se supone que esto ayuda a los pobres, pero la realidad es que los ricos se benefician más. El salmón, que es importado y, por tanto, caro, no está sujeto a impuestos. El café y el jabón, que usan casi todos los colombianos, sí lo son.
Luis Alberto Rodríguez, quien como director de planificación nacional gestiona la inversión pública, dice que ha sido “nuestra obsesión” corregir esta injusticia. La desigualdad de ingresos de Colombia es la más alta entre todos los países de la OCDE, un club de países en su mayoría ricos. Los impuestos y transferencias de Colombia hacen muy poco para corregir esta injusticia en comparación con las medidas que toman los demás países que hacen parte de la OCDE. Las exenciones y reducciones del IVA también son caras. Le cuestan al gobierno el equivalente al 6% del PIB, más que en cualquier otro país latinoamericano.
A principios de la década de 2000, Alberto Carrasquilla, el ministro de Finanzas, quería otorgar reembolsos a los pobres por el IVA que pagaban. Eso habría permitido al gobierno acortar la lista de exenciones, aumentando sus ingresos. Pero los políticos se opusieron, porque las exenciones del IVA son populares y porque el gobierno carecía de la información que necesitaba para compensar a los pobres.
Ahora sabe más y, con Carrasquilla, quien es nuevamente ministro de Finanzas, está haciendo otro intento. El gobierno insertó discretamente un esquema de compensación del IVA en un proyecto de ley tributaria que el Congreso se apresuró a aprobar en enero para evitar una rebaja de la calificación crediticia de Colombia. Los legisladores no se dieron cuenta de que la medida estaba en ella, dice un exasesor del gobierno. Dicha medida ha ayudado a los pobres a hacer frente a la recesión causada por la pandemia y puede convertirse en un modelo para otros países. Aunque Argentina y Ecuador han probado este tipo de esquemas antes, sin éxito.
El gobierno de Colombia ahora tiene dos herramientas de las que carecía. La primera es una versión computarizada de Sisbén, una base de datos de familias en su mayoría de bajos ingresos. Una actualización de un registro creado en la década de 1990 que incluye al 80% de la población. En América Latina, solo Costa Rica tiene una base de datos similar que cubre una proporción tan alta. El Sisbén informa al sistema universal de salud e identifica a los beneficiarios de programas de transferencias monetarias condicionadas (CCT) como Familias en Acción, que ayuda a las familias que mantienen a los niños en la escuela. Las autoridades locales proporcionan actualizaciones cada cuatro años para disuadir a los tramposos de registrarse en más de un lugar. Hay formas de agregar más hogares a la lista en cada actualización de la base de datos. Gracias al Sisbén, Colombia transfirió más ayuda de emergencia durante la pandemia que Perú, que tenía un presupuesto de ayuda mayor como porcentaje del PIB.
La segunda herramienta son los servicios financieros digitales. En 2012, el gobierno firmó un contrato con Davivienda, el tercer banco más grande del país, para entregar transferencias de efectivo a través de DaviPlata, una “billetera digital” gratuita que permite a la población rural abrir cuentas en sus teléfonos inteligentes. Le siguieron otros bancos y empresas de tecnología financiera. Hoy en día, el 37% de los beneficiarios obtienen su dinero a través de billeteras digitales.
Debido a que muchos colombianos tienen un empleo informal y compran en tiendas que no mantienen registros precisos, el gobierno no sabe con precisión cuánto gastan las familias pobres en IVA. Mediante encuestas, se ha estimado que el desembolso promedio es de 37.500 pesos, unos USD 10 mensuales. El programa de compensación del IVA devuelve esa cantidad, en cuotas bimensuales.
Una beneficiaria de este programa es Irma Rosa Melenje, una madre soltera, que vive en un barrio pobre a 40 minutos al sur de Popayán en el suroeste de Colombia. Ella perdió su trabajo como vendedora en la papelería de su hermana en marzo, cuando el gobierno decretó una cuarentena obligatoria en todo el país para contener la expansión del coronavirus. Pero Irma Rosa no ha tenido que reducir sus comidas. La compensación del IVA más la ayuda del programa de Familias en Acción, que le da 160.000 pesos mensuales, le proporciona suficiente efectivo para comprar frutas y verduras para sus dos hijas.
El gobierno había planeado lanzar el esquema de compensación o devolución del IVA como prueba este año para 300.000 de las familias más pobres. Debido a la cuarentena, el programa se aumentó a 1 millón de familias. Para el próximo año, el plan cubrirá 2 millones de hogares, muchos de los cuales no califican para un programa de Transferencias monetarias condicionadas, a un costo de 250 millones de dólares, o el 0,3% del presupuesto.
Un estudio prepandémico realizado por el gobierno encontró que la devolución del IVA reduciría la tasa de “pobreza monetaria”, es decir, la proporción de hogares que ganan menos del mínimo necesario para comprar bienes básicos, en dos puntos porcentuales desde alrededor del 30%.
El esquema debería ser más ambicioso, dice Roberto Angulo, un economista del desarrollo. Él piensa que todos los pobres, unos 6 millones de hogares, necesitan una devolución del IVA. El gobierno dice que aún no tiene dinero para eso. La OCDE sugiere que el efectivo se entregue con más frecuencia que cada dos meses.
El gobierno ve este esquema de compensación como la primera etapa de un plan para equilibrar sus finanzas. Los ingresos por impuestos ascienden a solo el 14% del PIB; El IVA representa más de dos quintas partes de eso. Y además se espera que el déficit presupuestario supere el 8% del PIB este año. Ahora que el gobierno ha lanzado la devolución del IVA para proteger a los pobres, se espera persuadir al Congreso de que amplíe la lista de productos sujetos a IVA. Próximamente el gobierno propondrá una ley de impuestos para hacer frente a los efectos de la recesión. Eso, dicen los partidarios, es una oportunidad para hacer que el país sea más justo.
Sin embargo, uno de los grandes problemas en la recaudación, ahora que se está devolviendo el IVA a los más pobres, es que la clase media será la que soporte el costo de gran parte de la financiación del Estado. Por esto, al lado de la inclusión de más productos sujetos al IVA, el cual tendrá que pagar la clase media (porque los pobres estarán exentos o les será devuelto el impuesto mediante transferencias monetarias condicionadas), el gobierno necesita desarrollar esquemas fuertes para evitar la evasión fiscal que muchas empresas realizan por medio de dudosas prácticas de contabilidad y monitorear las actividades de individuos que ponen su dinero en paraísos fiscales. Cuando se revelaron los documentos de Los Panama Papers en 2016, más de 800 ciudadanos colombianos resultaron relacionados con las prácticas evasivas. Con buenos esquemas de recaudación de impuestos que bloqueen los intentos de los evasores, así como con buenas políticas de gasto público y combatiendo la corrupción, el estado podrá ofrecer mejores servicios de red básica a los ciudadanos como salud, educación, infraestructura de transporte, entre otros, haciendo más aceptables los impuestos al valor agregado para la clase media.
Si Colombia desea corregir las injusticias impositivas, no solo deberá corregir los desfases del IVA, sino también garantizar una administración fiscal que resulte en una mayor legitimidad del gobierno y en un mayor bienestar de los ciudadanos, esto por supuesto pasa por un buen manejo presupuestal con un amplio sentido social que requerirá el combate a la corrupción y la lucha contra la evasión fiscal, para que de esta manera el gobierno pueda tener los recursos necesarios para llevar a cabo políticas sociales y de estímulo audaces.
Con información de The Economist. Artículo adaptado y ampliado por Muy Financiero.
