Ola invernal y desafíos económicos para Colombia en materia de prevención de riesgo

La ola invernal que actualmente vive Colombia representa un gran desafío para su desarrolo económico, social y humanitario, especialmente en el sector rural, así como en las regiones costeras del país.

El diario colombiano Portafolio ha señalado este 4 de diciembre que la ola invernal que vive el país, se extenderá hasta el segundo trimestre de 2023. Esto implica siete meses adicionales de lluvia, con la consecuente pérdida de cultivos, bienes e infraestructura y vidas humanas que ha caracterizado a las recientes olas invernales.

El país se enfrenta al fenómeno de la Niña, el cual a su vez se encuentra exacerbado por los cambios extremos que son producto de la emergencia climática global.

Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, ha señalado que es probable que las lluvias sigan siendo intensas en todo el territorio nacional durante los próximos dos trimestres.

Según el organismo encargado de la gestión del riesgo de desastres, la última temporada de lluvias ha dejado especialmente afectados a los departamentos de Cauca, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, y Caldas.

En algunos municipios se han producido daños serios a la infraestructura, tal como sucedió en Santa Rosa, donde un puente vehicular ubicado en la quebrada de San Bernardo quedó gravemente afectado. Las lluvias en el mismo sector dejaron afectadas cuatro vias vehiculares más.

Varias familias han quedado damnificadas como consecuencia de la lluvias, así sucedió en el municiío de Yacobi, donde una inundación dejó adectada a la provincia de Rio Negro y a la vereda de Pate Vaca. 280 personas y 70 familias quedaron damnificadas y sufrieron pérdidas de enseres .

La ola invernal ha dejado otras afectaciones que pueden ser consultadas en este enlace del diario Portafolio.

Sin lugar a dudas, las pérdidas económicas son múltiples. Así mismo, la evidencia científica recolectada hasta la fecha señala que todos estos eventos climáticos extremos son producto de la industrialización a base de combustibles fósiles, de la cual se han beneficiado principalmente las economías desarrolladas.

En este sentido, cobra especial relevancia el acuerdo al que llegaron las naciones del mundo en la cumbre COP27, la cual tuvo lugar recientemente en Egipto y en la que Colombia participó. Allí se especificó la necesidad de un mecanismo de restitución frente a los daños y pérdidas que han sufrido los países en vías de desarrollo como consecuencia de la crisis climática.

La cumbre del COP27 de este año estuvo marcada particularmente por quejas de países como Pakistán y Barbados. Pakistán se vio enfrentado a una ola aguda de inundaciones extremas que dejaron grandes pérdidas y que amenazaron con dejar al país al borde del default en el pago de su deuda externa. Barbados, una nación isla de las Antillas Menores, se enfrenta a la amenaza de quedar sepultada por el océano en la medida en que el nivel del mar aumenta año tras año como consecuencia del descongelamiento de los polos.

El mecanismo negociado en la cumbre del COP 27 preve asistencia financiera por parte de los países del primer mundo a las naciones en vías de desarrollo. Sin embargo, las naciones afectadas por las pérdidas y los daños han hecho énfasis en que tal asistencia financiera no puede ser en forma de créditos, sino de asignaciones de dinero o donaciones de reparación.

Todavía no es claro cómo podría beneficiarse Colombia de estas donaciones de dinero por parte de los países industrializados, los que más contribuyen al calentamiento global, como Estados Unidos, Europa y China. Lo que sí es claro, después de ver el impacto de esta ola invernal, es que Colombia debería ser uno de los receptores de la ayuda.

Recibir estos dineros, por parte de las economías desarrolladas, ayudaría a Colombia, a mitigar el impacto del cambio climático. Aún así, Colombia debe avanzar pronto en un plan de mitigación propio, utilizando recursos nacionales y sin esperar depender de las ayudas internacionales. La historia ha demostrado, por la negligencia en las anteriores cumbres, que en términos de asistencia para el cambio climático los países desarrollados no son dignos de fiar. En compromisos previos se había previsto una asitencia de 100.000 millones de dólares, la cual no se materializó sino en una cumbre posterior, pero que de todas maneras no logró entregar la cifra acordada a las naciones afectadas por la crisis.

Ahora se espera una nueva asistencia como consecuencia del acuerdo alcanzado en Egipto. Tal asistencia, en caso de que llegue a darse, debería ser contada en los registros fiscales como reparación, no como prevención. Entre tanto, las tareas de mitigación, prevención y adaptación, deberán ser asumidas por el presupuesto nacional y por un plan audaz del actual y futuros gobiernos. Esto es algo en lo cual debería enfatizar seriamente el gobierno Petro, en lugar de simplemente decir que no se van a conceder más contratos petroleros nuevos para exploración.

Depender de la ayuda internacional para prepararnos para el cambio climático podría resultarnos muy costoso. Los hechos actuales, como la ola invernal en curso, nos demuestran que las pérdidas económicas ya se están contando. Si el país no actúa pronto en materia de prevención y adaptación, el impacto económico, de vidas humanas y de desarrollo, seguirá sintiéndose y afectando a las actuales y futuras generaciones.